COCEL envía carta a alcalde de Osorno por cuestionada compra de leña NO certificada

COCEL envía carta a alcalde de Osorno por cuestionada compra de leña NO certificada

Osorno. Fuente: Gonzalo Esteban Mardones.

"Carta al Sr. Jaime Bertín V.
Alcalde I. Municipalidad de Osorno

Distinguido señor, en relación a polémica desatada por la no compra de leña certificada por parte de la Municipalidad de Osorno, me permito hacerle llegar algunas aclaraciones:

En primer lugar, efectivamente no existe ley que obligue a comprar y/o utilizar leña certificada, el cual es un sistema voluntario surgido desde la sociedad civil para enfrentar un problema que desde años el Estado no ha asumido con la responsabilidad necesaria. No obstante el carácter voluntario, la certificación consiste en verificar precisamente el cumplimiento de la normativa legal vigente en torno al mercado de la leña. Es decir, la leña certificada es garantía de cumplimiento de la legislación vigente. Le señalaré algunos ejemplos al respecto y que sirven de preguntas:

a) ¿Puede el Municipio de Osorno garantizar el buen origen de la leña que ha comprado? Esto se refiere a que toda la leña que se comercializa debe provenir de predios con Plan de Manejo o Norma de Manejo aprobada por la Corporación Nacional Forestal. De lo contrario se está infringiendo la ley pues se está participado de la comercialización de un producto ilegal.

b) ¿Puede asegurarnos el Municipio de Osorno que, si se ha adquirido leña en un local dentro de la ciudad de Osorno, éste local cuenta con un Informe Sanitario Ambiental, tal como lo estipula la normativa del Ministerio de Salud?

c) ¿puede garantizarnos el Municipio de Osorno que la empresa que le ha vendido leña cumple con la legislación laboral, en caso de tener trabajadores dependientes?

Estos son sólo algunos ejemplos, a los cuales podemos agregar el cumplimiento de la propia normativa municipal, de transporte, tributaria, todas las cuales son exigidas por el Sistema Nacional de Certificación de la Leña.

En segundo lugar, si bien no es obligatoria la compra de leña certificada, existe un instructivo desde el Gobierno Regional que recomienda a las reparticiones públicas la compra de leña certificada, recomendación que va orientada a hacerse parte de un consumo responsable de leña, a través de un mercado formal y regulado. No olvidemos que las instituciones públicas manejan dinero de todos los chilenos y, por lo tanto, se les debe exigir que sean consumidores responsables.

En tercer lugar, culpar al sistema de certificación por el aumento del precio de la leña, es simplemente desconocer cómo funciona dicho negocio. Uno de los costos más significativos de la leña, corresponde al transporte desde áreas rurales y es por todos conocido que el precio del combustible ha tenido importantes alzas, a lo cual se suma que, producto de la degradación del bosque nativo, cada vez hay que ir a buscar la leña a lugares más alejados.

Por lo demás, es evidente que si un comerciante formaliza su negocio, o sea, paga impuestos, mejora la condición de sus trabajadores, paga un precio justo a sus proveedores, posee condiciones de acopio y secado apropiados y da un buen servicio a los consumidores, entre otros, el precio no puede ser el mismo que aquel comerciante que trafica leña ilegal.

Además, es por todos conocido que el precio que se paga a los pequeños productores de leña en zonas rurales es una miseria, comparada con el precio final de venta en la ciudad. El Sistema de Certificación de Leña promueve un comercio justo, lo cual significa no seguir fomentando la pobreza en las zonas rurales y pagar un precio justo por un recurso escaso para muchas familias campesinas.

Al COCEL Osorno le parece legítima la preocupación por el acceso a leña de calidad con un buen precio por parte de consumidores modestos de la ciudad, pero ello no debe significar hacer vista gorda de la normativa vigente. Debe exigirse la instalación de mecanismos que le permita a la comunidad acceder a buena leña y con buen precio, tales como subsidios energéticos, compras y centros de acopio comunitarios, entre otras muchas ideas que requieren del liderazgo de nuestras autoridades.

En cuarto lugar, el sistema de certificación no es exclusivamente privado, pues en él participan importantes instituciones públicas como el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, CONAF y muchas Municipalidades De hecho, en nuestra zona, el liderazgo de las autoridades públicas ha sido muy importante para fomentar la regularización del mercado de la leña. Por ejemplo, el Presidente del COCEL Llanquihue es representante del Gobierno Regional, la Presidenta del COCEL Los Ríos es representante de CONAF, mientras que el Presidente del COCEL Chiloé es representante de la Municipalidad de Quemchi y en nuestro COCEL Osorno participa activamente el Municipio de Río Negro, siendo quien lo preside académico de la única casa de estudios estatal de la región.

Es decir, el Sistema de Certificación de la Leña es de carácter público-privado al cual están invitados todos quienes deseen aportar a formalizar el mercado de la leña, mediante su consumo responsable, por lo cual invitamos a la Municipalidad de Osorno a unirse en este esfuerzo e integrarse decididamente al COCEL de Osorno.

Reciba mis cordiales saludos,

Gonzalo Mardones Rivera
Presidente COCEL Osorno
Académico Universidad de Los Lagos

HidroAysén: no basta la legitimidad legal

CARLOS HUNEEUS

Director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC).

http://www.cerc.cl/

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La siguiente columna de opinión fue escrita a invitación de  La Tercera para comentar el editorial que apoyaba la decisión ambiental que aprobó HidroAysén. No fue publicada por mis referencias al grupo Matte. He  escrito decenas de columnas en ese diario con cierta regularidad  desde el 2004, la mayoría de ellas por invitación. Es la primera que ha sido censurada. En muchas individualicé a instituciones políticas o sociales  y a  personas por su responsabilidad en problemas o conflictos, incluso presidentes de la República. Nunca  el diario me censuró como lo hace ahora por mi comentario sobre  este importante grupo económico, que tiene un rol clave en HidroAysén. La decisión de La Tercera confirma  mi argumentación.  Juzgue el lector los fundamentos de esta censura.

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El editorial del sábado 14 defiende la decisión de la autoridad que aprobó el proyecto Hidroaysén por su legitimidad legal, pues se habrían cumplido las exigencias legales.

No basta la legitimidad legal para concluir que una decisión de gobierno es  legítima. Es necesaria, pero no es suficiente, especialmente ante un proyecto con enormes intereses económicos y con altísimos costos medioambientales, que dependen de consideraciones políticas y valóricas. Un cristiano protege la naturaleza porque es obra de Dios.

Las empresas del proyecto -Colbún y Endesa- despiertan desconfianza en la población. Colbún es controlada por el grupo Matte, propietaria de la Papelera (CMPC) y tiene  el Centro de Estudios Públicos (CEP), fundado en 1980, un influyentethink tank que reúne a los principales accionistas controladores y altos ejecutivos de las mayores empresas chilenas, a través del cual influye en la agenda pública, con propuestas favorables al sector.

La legitimidad legal de la resolución de HidroAysén tiene insuficiencias. Históricamente la legislación medioambiental fue dictada a contrapelo de la autoridad económica y en el marco de políticas que beneficiaron a los grandes empresarios, favorecieron la concentración económica y descuidaron los derechos de los trabajadores. En un gobierno de derecha y un presidente y un gabinete formado por empresarios las decisiones a favor de grandes empresas despiertan comprensibles suspicacias en la población  de que hubo subordinación a los intereses empresariales.

El crecimiento económico ha influido en la ciudadanía, disminuyendo su preocupación por los bienes materiales, porque dispone de muchos de ellos, y se interesa por bienes inmateriales, “postmaterialistas”, entre los cuales se encuentra la protección de la naturaleza. Ocurrió en Europa a fines de los años 60 después de la reconstrucción de la II Guerra Mundial.

Las empresas del proyecto -Colbún y Endesa- despiertan desconfianza en la población. Colbún es controlada por el grupo Matte, propietaria de la Papelera (CMPC),  una empresa líder mundial en la producción de papel, y tiene  el Centro de Estudios Públicos (CEP), fundado en 1980, un influyente think tank que reúne a los principales accionistas controladores y altos ejecutivos de las mayores empresas chilenas, a través del cual influye en la agenda pública, con propuestas favorables al sector. El presidente Lagos recurrió al CEP para relacionarse con el mundo empresarial y superar las desconfianzas que él creía tener ahí por la traumática experiencia del gobierno de Allende. La cercanía del grupo Matte con el poder político explica la simpatía con el proyecto que recibió de autoridades del gobierno Bachelet.

Endesa, la poderosa empresa de generación eléctrica, también tiene una historia de cercanía con el poder político desde su fundación por la Corfo en los años 40. Privatizada al final del régimen militar y adquirida por sus ejecutivos, bajo el liderazgo de José Yuraszeck, se expandió a la distribución con el control de Chilectra, formando el grupo Enersis. La vendieron en 1997 a Endesa España (“el escándalo del siglo” como se conoció ese hecho), siendo sancionados por la autoridad porque atendieron primero sus intereses y no los de los accionistas.

No es fácil la legitimidad del proyecto de HidroAysén por la superposición de intereses económicos, políticos y valóricos en su contra. La ciudadanía tiene mayor conciencia de sus derechos y está cansada que la autoridad sea complaciente con el poder económico.  La alternancia de gobierno produce cambios en la opinión pública y la percepción de ser un gobierno de los empresarios se refuerza con la decisión de HidroAysén.

"La naturaleza al servicio del hombre", por Marcelo Mena

25/05/11

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"Hay una visión de mundo de cierto sector conservador de la sociedad que nos pone ante un falso dilema que históricamente ha sido superado en otros países: desarrollo o medio ambiente".

A dos semanas de la aprobación de Hidroaysén, ha empezado un contraataque furibundo de algunos iluminados por tratar de descifrar por qué la mayoría del país no ve el mundo como ellos. Han aparecido columnas subidas de tono como “Malditos Ecologistas”, o “La naturaleza al servicio del hombre” que tienen por objeto, además, provocar. Pero detrás de ese intento demuestran una profunda ignorancia de temáticas ambientales.

Primero, que sólo con juicios de valor justifican la aprobación de las centrales, sin siquiera cuestionar  si el procedimiento de aprobación fue irregular. Ya el Dr. Claudio Meier de la Universidad de Concepción reveló las enormes falencias que le tocó evaluar para la Dirección General de Aguas. Admitió que el proyecto era incompleto, digno de estudiantes de tesis mediocres. La ex ministra Ana Lya Uriarte indicó, a su paso, que el proyecto iba camino al rechazo. Son personas que participaron en el proceso de evaluación, cuyas opiniones no deberíamos desechar con liviandad.

Pero en el fondo de las críticas hay una visión de mundo de cierto sector conservador de la sociedad que nos pone ante un falso dilema que históricamente ha sido superado en otros países: desarrollo o medio ambiente. Incluso el Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet no cree en ese dilema, al manifestar que es posible un desarrollo energético equilibrando ambos aspectos. 

Pero los gobiernos de la Concertación y de la Alianza por Chile han adherido a esta premisa. Y eso -y sin ir más lejos- que Santiago ha reducido su contaminación en cerca de 70% desde el 89 a pesar de que la economía, población, y parque automotriz se han más que duplicado. Más recientemente se han aprobado normativas ambientales importantes (material particulado fino, termoeléctricas) en las que el Ministerio de Medio Ambiente demostró que ahorraba a la sociedad 3 a 4 veces más los costos al privado por mitigar la contaminación. Yo participé en ambos estudios (uno como coordinador, otro como parte del gobierno) y el tiempo nos ha dado la razón. Al final, los costos a los privados serán menores a los que estimamos.

Otro argumento que dan mucho es que el hombre debe estar al centro y la naturaleza a su servicio. Es una visión errada, incluso desacreditada por la Iglesia, que ha tenido planteamientos claros sobre temáticas del cambio climático.  Porque nuevamente es un falso dilema, que incluso obvia problemas intergeneracionales. Claro, me preocupo por el hombre hoy (nosotros) pero en desmedro del hombre del mañana (nuestros hijos).

Ejemplos hay muchos. La salmonicultura es uno claro. Ya el año 99, cuando hacía mi práctica como ingeniero bioquímico en una fábrica de pellets para salmón me tocó visitar las balsas salmoneras. Al verlas no podía creerlo, animales concentrados, heridos, y algas por doquier. No fue sorpresa que una década después la industria haya colapsado a niveles épicos.

Lo ambiental gatilló un efecto dominó que repercutió en lo económico y luego en lo social.  Indirectamente, esta industria afectó a la pesca actual. Hace casi una década las cuotas de pesca en Chile no se cumplen no por excederse, sino porque no alcanzan a extraer los números asignados por el Estado. Al ir a Maitencillo a la caleta de pescadores podemos ver los mismos precios que en Santiago. ¿Por qué? Porque los peces no se extraen ahí, sino que se compran en la capital. Un poco de teatro para mantener la imagen romántica. Pero la verdad es que usar 5 a 10 kilos de pescado (en forma de harina) para generar un kilo de salmón no resiste análisis. Es una actividad que está poniendo en riesgo a futuras generaciones.

En Estados Unidos está el caso de la desaparición de las abejas (que no se sabe si ha sido por enfermedades, pesticidas, u otras causas). ¿Cuánto cuesta el servicio que proveen las abejas? ¿No tiene precio? Parece que lo tiene, porque han gastado millones en traer abejas de otros lados para poder cumplir ese servicio que es la base de la agricultura moderna. ¿Cuánto cuesta el agua? ¿Gratis? Cuesta lo que tenemos que hacer para potabilizarla o tratarla cuando ya ha sido usada. ¿Suena tan radical cuestionar políticas de crecimiento infinito para un mundo finito, como lo era hace una década?

Seriamente creemos que los combustibles fósiles mágicamente van a bajar en el futuro, o estamos condenando a nuestros hijos a una dependencia de un combustible que subirá cada vez más su precio (además de nuestro triste legado de cambio climático).

El rechazo a Hidroaysén es solo la manifestación de la desconfianza que tenemos frente a grandes proyectos pintados de verde.  Subestimamos a la gente al pensar que rechazan el proyecto porque Patagonia Sin Represas mostraba las Torres del Paine con cables. Esto viene desde mucho antes. Desde Ralco, Rio Cruces, Pascua Lama (algunas veces con más o menos fundamentos), Tocopilla, Ventanas, Huasco...

Viene porque la mayoría de la población ha sentido problemas de contaminación en su vida (de acuerdo a una encuesta que hicimos el 2010 junto con Opina). Viene de que encuentranirracional destruir algo único como la Patagonia para satisfacer demandas energéticas teóricas (proyectadas linealmente) que ni siquiera aseguran una baja de tarifa. De hecho, de acuerdo a encuesta Opina, 70% de los chilenos está dispuesto a  más por energías limpias.

Y por último, otro de los argumentos es que hay que privilegiar el desarrollo por sobre el medio ambiente en beneficio de los pobres. Les voy a comentar algo: la regulación ambiental privilegia principalmente a los pobres. Lo digo yo que crecí en una población por la que pasaba un estero con aguas servidas, y lleno de basurales clandestinos en Villa Alemana.

No prohibamos la leña por los pobres. Bueno, es verdad que los sectores de menores recursos usan leña en forma de fogones probablemente agudizando enfermedades respiratorias. Pero la mayoría de las estufas a leña en Santiago se encuentran en las comunas de mayor ingresos (71% son ABC1 de acuerdo a estudios del Ministerio de Energía), y cruelmente las emisiones del sector alto se transportan eficientemente al punto más bajo de la capital, Pudahuel y Cerro Navia, de mucho menores ingresos. 

¿Regular emisiones de termoeléctricas afecta a los pobres? Al contrario, el estudio de Kas Ingeniería mostró que mayores regulaciones no incidían en tarifas eléctricas, y que justamente las termoeléctricas tendían a ubicarse en comunas de menores ingresos. 

En fin, el argumento de los pobres ha sido utilizado por ambos sectores políticos cuando han querido justificar algo. Pero el tiempo siempre ha dicho que las regulaciones ambientales han sido costoefectivas en reducir cargas al Estado en costos de salud, traspasando a quien causa la externalidad los costos de mitigarla.

Hoy día lamentablemente estamos traspasando una enorme externalidad a la región de Aysén a cambio de beneficios nominales. Y en esa sed de mostrarnos como un país desarrollado, nos estamos mostrando como un país bananero más al resto del mundo.



Marcelo Mena es ingeniero civil en bioquímica de la Universidad Católica de Valparaíso, es profesor de la escuela de Ingeniería Ambiental de la UNAB. Obtuvo su MS y PhD en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Iowa y postdoctorado en el MIT. El año 2010 ganó la posición Fulbright Scholar in Residence para trabajar en California State University en Fresno.

HidroAysén y los límites de la institucionalidad vigente

La aprobación por la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén -por once votos a favor y una abstención- del proyecto HidroAysén para la construcción de cinco centrales hidroeléctricas que inundarán 6 mil hectáreas y destruirán para siempre los ríos Baker y Pascua, así como los ecosistemas de la Patagonia chilena, deja en evidencia las múltiples limitaciones de la institucionalidad chilena para garantizar los derechos básicos de los ciudadanos, para proteger el medio ambiente, y en última instancia, para permitir la vigencia de un sistema político que podamos definir como una democracia.

 

Analicemos algunos de los elementos que hacen posible este proyecto y su aprobación por esta instancia gubernamental.

 

El proyecto es impulsado por dos empresas privadas que han adquirido gratuitamente del estado los derechos no consuntivos de aguas sobre dichos ríos, aguas que nos pertenecen a todos, pero que en virtud del Código de Aguas de 1981, y de la Constitución de 1980, permiten, en la práctica, su apropiación por privados.  A través de una ficción legal, si bien dichas empresas no son propietarias de las aguas, las que en teoría nos siguen perteneciendo a todos, lo son de la concesión otorgada por el estado, pudiendo enajenarlas a terceros.  Se trata como sabemos de empresas poderosas.  Solo Endesa concentra el 80% de los derechos no consuntivos de agua del país.  Su poder es tal, que el Congreso Nacional les aseguró en la reforma del Código de Aguas de 2005 la aprobación de una disposición transitoria que les garantizó exención del pago de patente por no uso de las aguas hasta el 2012.

 

Proyectos como el de HidroAysén obtienen del estado permisos ambientales sin considerar de manera efectiva la voz de las comunidades que afectan.  Así, a pesar de la reciente reforma a la legislación ambiental, la participación ciudadana sigue siendo un mero procedimiento formal en que las comunidades afectadas por iniciativas como ésta tienen nulo poder para incidir en las decisiones de los evaluadores públicos.  La legislación vigente sigue sin prohibir la negociación incompatible, permitiendo a los proponentes de grandes proyectos de inversión negociar fuera del proceso de evaluación de impacto ambiental acuerdos compensatorios que inhiben o distorsionan la participación ciudadana.  La legislación ambiental reformada permite, a su vez, el fraccionamiento de proyectos de un mismo proponente que están indisolublemente vinculados.  Así, en el caso de HidroAysén, la ley permite que el proyecto para la construcción de las cinco centrales en los ríos Baker y Pascua sea tramitado por la autoridad ambiental en forma independiente de la propuesta para la construcción de las líneas de trasmisión, la que tiene una extensión de más de dos mil kilómetros, afecta siete regiones, y entre 4 a 5 mil propietarios, incluyendo entre ellos comunidades mapuche, además de áreas protegidas, cuyo impacto ambiental acumulativo, por lo mismo, es enorme.

 

HidroAysén, además, es un ejemplo patético del centralismo aún vigente en el país a inicios del siglo XIX, en que el poder político, y el poder económico relacionado a este, sigue radicado en Santiago.  Las decisiones sobre el futuro de las regiones siguen siendo adoptadas por el poder central y no por quienes habitan en ellas.  Las autoridades regionales, como las que componen la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén, son funcionarios públicos nombrados por el Presidente de la República en Santiago, y no por la ciudadanía regional.  En caso de materializarse este proyecto, HidroAysén no tributará en la región, sino lo hará fundamentalmente en Santiago.  Las centrales previstas en el se nutrirán de las aguas de la región, e impactarán significativamente a la vida de las comunidades locales, pero éstas no recibirán, salvo las compensaciones irrisorias para las ganancias que ellas generaran, beneficio alguno de ellos.

 

En los últimos días hemos sido testigos de la represión a quienes se han manifestado públicamente en rechazo a la aprobación gubernamental de HidroAysén.  Las marchas y movilizaciones públicas pacíficas convocadas por las organizaciones ambientales y ciudadanas en diversas regiones del país, incluyendo Coyaique, Concepción, Valparaíso y Santiago, entre otras, han sido brutalmente disueltas por las fuerzas policiales, siendo los manifestantes heridos o detenidos.  Ello al amparo de un Decreto Supremo de la dictadura, que data de 1983, y que permite restringir el derecho de reunión pacífica sin permiso previo, derecho básico reconocido en tratados internacionales de derechos humanos e incluso en la propia Constitución Política de 1980.  Así como de una práctica represiva sistemática de las policías, en especial de carabineros, que han sido toleradas por la autoridad.  También debido a que los delitos que cometen carabineros en contra de civiles en su actuar represivo siguen siendo competencia de justicia militar, la que los deja en la impunidad. 

 

Es evidente entonces que el proyecto HydroAysén no sería posible sin la institucionalidad aquí analizada, la que como sabemos fue impuesta por la dictadura, y que a pesar de las reformas que le han sido introducidas, sigue sin modificarse en muchos aspectos que privan a la ciudadanía de todo poder frente a iniciativas de esta naturaleza.

 

Tal institucionalidad, como sabemos, se cimenta en una Constitución Política y en una legislación cuya reforma es casi imposible, por los elevados quórums establecidos para estos efectos.  Ello sobre todo teniendo en cuenta los obstáculos que el sistema electoral binominal establece para una representación política amplia, que incluya a todos los sectores de la ciudadanía en el Congreso Nacional, que es el órgano encargado de elaborar legislación que regula proyectos como HidroAysén.

 

Por lo anterior, que cabe hacer una reflexión sobre las estrategias que los movimientos ciudadanos venimos desarrollando ya por largo tiempo frente a iniciativas como ésta (Ralco, proyectos mineros, forestales, carreteros, entre otros) que afectan a comunidades, a pueblos y al medio ambiente; que nos son impuestas por el mercado, con el aval del estado. 

 

Frente a cada una de estas iniciativas hemos hecho uso de todas las herramientas legales existentes, incluyendo la participación en los procesos de evaluación de impacto ambiental, recursos ante la autoridad administrativa, acciones ante los tribunales de justicia, por citar algunas, intentado por esta vía, con ingenuidad o ilusión, frenarlas.  Los resultados de estas estrategias, salvo contadísimas excepciones, son por todos conocidos.

 

No sostengo aquí que la ciudadanía, las comunidades y pueblos afectados por proyectos de inversión violatorios de derechos ambientales y políticos básicos no debamos hacer uso de dichas herramientas, sino que resulta imperioso pensar e impulsar otras estrategias complementarias que apunten hacia la remoción de las barreras institucionales que hacen posible iniciativas como HidroAysén.

 

Me refiero concretamente a la necesidad urgente de aunar fuerzas para la creación de un movimiento diverso, plural e intercultural de los sectores progresistas de este país, que permita la generación democrática de un acuerdo social que se plasme en una nueva institucionalidad jurídico política para el país, que sustituya aquella que nos fue impuesta por la fuerza por la dictadura militar. Un acuerdo social en que los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza primen sobre el mercado.  Un acuerdo en que recuperemos el control de bienes comunes, como el agua, hoy apropiados por empresas como Endesa y Colbun. Un acuerdo en que las decisiones sobre el futuro de nuestros territorios sean tomadas por quienes habitamos en ellos, y no por burócratas en Santiago. Un acuerdo, finalmente, en que nadie nos pueda privar del derecho de manifestación pública y excluir de la participación política como lamentablemente ocurre a la fecha.

¿Cuántos HidroAysén más necesitamos para darnos cuenta de ello?

 

(*) José Aylwin es Co Director del Observatorio Ciudadano

El Mundo Twitter.

Por Martín Caparrós. Me resistí al Twitter dos o tres años... hasta hace una semana. ¿Servirá para algo más que para alimentar la vanidad?

Martín Caparrós 

Tuitié. O, dicho al modo chileno: confieso que he tuitiado. Es verdad; di en hacerlo y no termina de parecerme repugnante. Debe ser otro paso en mi abandono creciente de mis deberes cívicos y/o culturales. Primero, es cierto, me resistí dos o tres años: uno es, después de todo, un viejo conserva de la modernidad que preferiría ser otra cosa pero es demasiado conserva como para intentarlo. Y que busca, cuando puede, argumentos elegantes y modernitos para justificar su conservadurismo. 

Contra el tuiter exhibí, aquí mismo, hace unos meses, algunos: decía, para empezar, que "está hecho para esa variante contemporánea del receptor –radioescucha, lector, televidente, seguidor– que la mayoría de los emisores –editores de diarios, conductores de radio y televisión, tuiteros– concuerdan en creer que son los suyos: levemente lelos o, quien sabe, fiacas, gente que si lee nunca va a leer mucho, que prefiere mensajes concisos y simplotes. O, dicho de otra manera: "Yo quiero contarte algo pero te imagino un poco nabo con atención flotante y distraída así que no te digo nada más largo que los famosos 140". 

Para seguir, decía que el tuiter fue creado para ser "un chorrito de información insignificante" y que muchos lo utilizan como tal, para lanzar al ancho mundo información innecesaria sobre sus avatares: "estoy a punto de morfarme un pancho con papafritas, ketchup y mostaza: la vida me sonríe y tiene una ortodoncia con estrellitas de biyuta". Para seguir más le reprochaba su brevedad innecesaria: que el mundo está lleno de cosas que no pueden decirse en 140 caracteres. Y, para terminar, me dejé embaucar por un efecto de los medios: supuse que el tuiter se estaba convirtiendo sobre todo en un instrumento politiquero. Mi error era previsible: todo el contacto que un forastero tiene con lo tuiteado consiste en lo que dicen los diarios que dijeron en un tuit el señor o la señora Fernández, por ejemplo, así que tiende a creer que el mundo tuitero es más que nada eso; era otro error. 

Así fue cómo, hace una semana, henchido de errores, orondo de prejuicios, una tarde de extremo aburrimiento, bordeando tedio, casi spleen, se me ocurrió tuitear. Me ayudó una excusa barata: que sería una actividad notoriamente efímera, uno de esos furores pasajeros tipo parriposho global, algo que cualquier otra ocurrencia o avance técnico dejará obsoleto dentro de poco tiempo, y que quería hacerlo antes de que se terminara y que quería, sobre todo, disfrutar de esa efimeridad. Lo efímero es lo más interesante, lo decisivo de nuestra cultura. Nosotros mismos, sin ir mucho más lejos. 

Era un discursito –o, incluso, un relato– de ocasión; lo que de veras me impulsó fue el espíritu de copia, las ganas de retomar un género que creí ver dando vueltas por ahí: el epigrama. De pronto entendí que los tuiteros más repugnantes intentan practicar el epigrama, arte casi perdido –y quise ser uno de ellos por un rato. 

A la abeja semejante, 

para que cause placer, 

el epigrama ha de ser 

pequeño, dulce y punzante, 

Escribió hace más de doscientos años Juan de Iriarte. Pero el epigrama tuvo su momento de gloria hace más de dos mil, cuando los helenos se transformaron en helenísticos –y todo empezó a irse al carajo. 

"Nerón quiso que Roma fuera honrada: así pudo robar él solo", escribió Marcial, el epigramatista más famoso, tuitero de avanzada. El epigrama es un arte muy propio de épocas donde todo parece irse al carajo: breve, punzante, amargo, descreído, (re)buscadamente pequeñito, con ese límite caprichoso que sólo justifican las ganas de jugar. Las épocas más pagadas de sí mismas hacen cosas más orgullosas, más grandotas, así que llevábamos un tiempo desepigramatizados, hasta que la tontería de los 140 caracteres nos devolvió ese límite: ese movimiento curioso premoderno que consiste en ponerse límites por el solo gusto de jugar dentro de ellos. 

Así que aquella tarde me puse a jugar al epigrama –aunque entendí que eso me situaba dentro del sector antipático de los tuiteadores: los que están más pendientes de lo que escriben que de lo que leen. Porque está claro que hay dos grandes clases en el mundo tuiter: los que leen y escriben, los que escriben para leerse. "Escucharme es uno de mis mayores placeres. Suelo mantener largas charlas conmigo; soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una palabra", dijo en 140 precisos caracteres el santo patrón de los tuiteros, Oscar Wilde. 

Me preocupaba, y uno de mis primeros tuits (se) preguntó "¿para qué sirve el twitter, además de alimentar la vanidad? Es una pregunta, y no es retórica. ¿Servirá para que alguien la conteste?". Algunos la contestaron: que para reflexionar, que para que los periodistas no se crean tan dueños de la información, que para nada, que para coger, que para alimentar la vanidad, que para pelear la soledad, que para qué necesito preguntármelo. Yo sigo en la duda –y, si supiera la respuesta, supongo que no la tuitearía. 

Pero, por si acaso, le hice casi caso al que prefería no preguntarse tanto: aún tuiteo, me entretengo, tengo a veces la tonta sensación de quien tira al mar una piedrita y espera que haga olas –y me empiezo a interesar por algunas respuestas: quizá, con el tiempo, justo antes de que el tuiter se convierta en paddle, entienda la idea de red y me enrede levemente. Pero, mientras, estoy cada vez más convencido de que muchos se meten a tuitear porque les da una medida cuantificable de sí mismos. Nadie sabe exactamente su largo de verga o su ronda de pechos –y además, si lo supiera, no podría publicarlo. En cambio cada quien sabe con precisión instantánea continua cuántos "seguidores" cuenta, posee o pesa. En tiempos de números, el tuiter es sobre todo una medida; en tiempos de rating triunfador, es el rating de los individuos. Así como los americanos –con esa desvergüenza que les da ser los dueños– pueden preguntar "cuánto valés", cualquier tuitero puede decirte cuántos es. 

–Uy, pero ése es un fracaso. No consigue pasar de los 18.528. 

–Sí, pobre muchacho. Va a tener que volver a matar a su suegra. 

Por eso, el negocio tuitero más reciente consiste en vender seguidores. Pequeños emprendedores entusiastas registran miles de nombres de usuarios y después los venden a tuiteros ávidos de mostrar que la tienen un poquito más larga. Las pequeñas miserias no se curan con tecnología: suelen agravarse. Así fue cómo, por ejemplo, un intendente del conurbano bonaerense se hizo con centenares de seguidores de Hong Kong. El mundo global da para todo. El conurbano casi.